“Es hora de exigir el cumplimiento de la ley, exactamente el Artículo 47 de la Constitución Española que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, y obliga a los poderes públicos a garantizar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo”
Hoy, en Madrid, más de 40 organismos sociales alzan la voz contra una nueva forma de pobreza y represión. En pleno siglo XXI, el derecho a una vivienda digna, recogido en la Constitución Española, se ha convertido en una herramienta de esclavitud moderna y exclusión social.
La realidad es tajante, nadie está a salvo, cada mes, millones de personas ven su libertad mermada y su calidad de vida sacrificada ante la obligación de pagar un alquiler desorbitado. Esta crisis no es un problema aislado, sino un factor que intersecciona con todas las dimensiones y ámbitos de la exclusión social, colocando a la mayoría de los españoles en una situación de vulnerabilidad clara y creciente.
Luego, aparecen quienes se preguntan por qué los jóvenes no se independizan. La respuesta es sencilla, porque no es una opción real. La independencia no es una cuestión de voluntad, sino de viabilidad económica ¿cómo construir un futuro si el presente no ofrece oportunidades?
Diversas fuentes, de distintos enfoques ideológicos, coinciden en la misma tragedia, en torno al 40%- 43% del salario –para quien lo tenga– se destina al alquiler. enlace verificación, a esto hay que sumarle los gastos básicos: agua, luz, contribución, seguro del hogar, transporte, combustible, revisiones, permisos… y si queda algo, comer. A este ritmo, pronto tendremos que volver a implementar diferentes opciones neolistas en pos de sustituir el gasto en papel higiénico mediante la utilización piedras y hierbajos…no quiero ni imaginarme si algún despistado le diera por coger una mata de ortigas, que noche ardua y picante iba a pasar.
Es hora de exigir el cumplimiento de la ley, exactamente el Artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, y obliga a los poderes públicos a garantizar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Sin embargo, la realidad demuestra que este derecho es papel mojado.
No pedimos privilegios, exigimos lo que nos corresponde como ciudadanos y es que la vivienda no puede ser un lujo ni una condena, sino un derecho real y accesible para todos.
Ángel Jiménez Ballesteros,
1ª Integración social, trabajador en la construcción durante 14 años.
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